El consejo municipal de Houston aprobó una serie de modificaciones a sus directrices de seguridad que permitirán una mayor colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión se produce en medio de presiones por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien advirtió sobre la posible retirada de 114 millones de dólares en fondos destinados a seguridad pública si no se realizaban cambios en las políticas locales.

De acuerdo con lo aprobado, las nuevas disposiciones permitirán a los agentes policiales extender detenciones bajo criterios de “fines legítimos” cuando, durante procedimientos habituales como controles de tránsito, surjan elementos relacionados con temas migratorios.

Asimismo, las enmiendas eliminan ciertas restricciones previas que impedían actuar en casos basados únicamente en órdenes administrativas de ICE, incluso cuando las personas no contaban con antecedentes penales.

Autoridades locales señalaron que la medida busca evitar un impacto presupuestario en áreas clave como los departamentos de policía y bomberos, mientras que sectores comunitarios han expresado preocupación por el posible efecto en la confianza entre la población migrante y las fuerzas de seguridad.

El tema continúa generando debate en torno al equilibrio entre políticas de seguridad pública y derechos de las comunidades migrantes en Estados Unidos.