En las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado los traslados de migrantes a terceros países, una práctica mediante la cual personas que no pueden ser devueltas directamente a sus países de origen son enviadas a otras naciones.

Uno de los casos más recientes corresponde a Liberia, que recibió el pasado 20 de agosto a un primer grupo de 20 personas deportadas desde Estados Unidos. El Gobierno liberiano acordó aceptar hasta 1,200 personas durante los próximos 12 meses.

La situación también ha involucrado a Guinea Ecuatorial. Según reportes de Reuters, cinco personas que se negaron a desembarcar en Liberia fueron trasladadas posteriormente a Malabo, donde habrían sido obligadas a abandonar el avión. Los afectados contaban, según las fuentes citadas, con protecciones legales en Estados Unidos que impedían su retorno a sus países de origen por temor a persecución o tortura.

Estos procedimientos forman parte de una estrategia migratoria de la administración de Donald Trump, que ha establecido acuerdos con distintos países para recibir a personas expulsadas de Estados Unidos que no pueden ser enviadas directamente a sus lugares de origen.

Un seguimiento independiente de estos acuerdos señala que, hasta comienzos de agosto, Estados Unidos había utilizado este mecanismo para trasladar a aproximadamente 22,000 personas a al menos 26 países, aunque las cifras y los destinos pueden variar según el tipo de vuelo y el mecanismo utilizado.

La práctica ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, especialmente por el riesgo de que algunas personas terminen siendo enviadas posteriormente a países donde podrían enfrentar persecución, tortura u otras formas de abuso.

El incremento de estos traslados mantiene bajo preocupación a organizaciones de defensa migratoria, que advierten sobre las consecuencias de una política de deportaciones que ahora contempla con mayor frecuencia destinos distintos al país de origen de los migrantes.