NUEVA YORK. Nueva York y otras jurisdicciones presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump para intentar bloquear una nueva regla migratoria que ampliaría los criterios utilizados por las autoridades federales para evaluar solicitudes de green card y determinadas visas.
La normativa permitiría a los funcionarios de inmigración considerar el uso de determinados beneficios públicos, incluidos Medicaid, asistencia alimentaria SNAP y programas de vivienda, al evaluar si una persona podría ser considerada una “carga pública”. La medida también contempla otros factores relacionados con la situación económica y las circunstancias personales del solicitante.
Esto no significa que recibir alguno de estos beneficios provoque automáticamente el rechazo de una solicitud. La nueva normativa contempla una evaluación individual del caso y amplía los elementos que los funcionarios podrían tomar en cuenta al determinar si una persona tiene probabilidades de depender de la asistencia pública.
La demanda fue presentada por Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King, junto con Public Rights Project. Las autoridades locales sostienen que la medida podría generar temor entre las familias inmigrantes y llevar incluso a personas que tienen derecho a determinados beneficios a dejar de solicitar atención médica, alimentos o asistencia para vivienda.
La regla está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026, aunque las demandas buscan impedir que sea aplicada. Las autoridades de Nueva York han advertido que el impacto podría extenderse incluso a familias cuyos integrantes no estén directamente sujetos a la normativa.
La normativa no afecta por igual a todos los inmigrantes. Existen categorías y trámites migratorios que están excluidos de las determinaciones de carga pública, por lo que las autoridades recomiendan consultar con un profesional de inmigración antes de tomar decisiones sobre el uso de beneficios públicos.
En Nueva York, las personas que necesiten orientación migratoria pueden comunicarse de manera confidencial al 1-800-354-0365 o llamar al 311 y solicitar “Immigration Legal”, donde pueden ser conectadas con asistencia legal gratuita y confidencial.
El futuro de la normativa dependerá ahora de las acciones judiciales presentadas para intentar detener su entrada en vigor.