El juez federal Waverly Crenshaw, del distrito central de Tennessee, desestimó la acusación penal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenía contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García por presunto tráfico de personas.

En su resolución judicial, el magistrado concluyó que la acusación violaba la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, señalando que el caso presentaba elementos de una presunta “persecución vindicativa y selectiva”.

Según el fallo, la reactivación de un expediente vial de 2022 y diversas declaraciones públicas emitidas por funcionarios federales habrían comprometido la imparcialidad de la investigación.

El juez sostuvo además que las autoridades federales intentaron previamente negociar un acuerdo de culpabilidad que habría permitido deportar al salvadoreño hacia un tercer país, situación que fue considerada dentro del análisis judicial.

Ábrego García reside en el estado de Maryland junto a su esposa estadounidense y sus hijos. De acuerdo con el expediente, había obtenido protección migratoria tras argumentar que huyó de El Salvador debido a amenazas relacionadas con pandillas.

El caso tomó relevancia luego de que en marzo de 2025 fuera deportado por error administrativo, según reconocieron posteriormente las propias autoridades migratorias estadounidenses. Tras permanecer varios meses detenido en El Salvador, un tribunal ordenó su retorno a territorio estadounidense al determinar que mantenía protección legal vigente.

La decisión judicial representa un revés para la acusación federal y reabre el debate sobre el manejo de procesos migratorios y judiciales relacionados con deportaciones y derechos constitucionales en Estados Unidos.