San Salvador, 13 ago (Agencias Internacionales) — En un país marcado por la violencia y la criminalidad estructural, el juicio actual contra el exalcalde Ernesto Muyshondt y el exministro Benito Lara representa una rara excepción en la historia reciente de El Salvador. Ambos enfrentan cargos por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, acusados de negociar con pandillas a cambio de apoyo electoral en los comicios de 2014 y 2015. Muyshondt participa virtualmente desde prisión, mientras Lara se ha presentado ante el tribunal afirmando que espera un proceso justo. Otros tres coacusados han sido declarados en rebeldía.

Este juicio marca un contraste con otros casos emblemáticos en el país, donde denuncias similares no llegaron a fases avanzadas en los tribunales. Uno de los más recordados es la tregua con pandillas entre 2012 y 2014, promovida durante el gobierno de Mauricio Funes. Aunque dicha tregua logró reducir los homicidios en el corto plazo, fue ampliamente cuestionada por haberse pactado fuera de los marcos legales, otorgando beneficios a líderes criminales a cambio de supuesta paz social. Años después, Funes fue condenado en ausencia a 14 años de prisión y su entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, recibió 18 años de cárcel. Sin embargo, el mediador civil Raúl Mijango fue absuelto en dos juicios, dejando en evidencia los límites del sistema para sancionar estos hechos de forma integral.

Otro caso destacado es el del exdiputado y candidato presidencial Norman Quijano, acusado de haber sostenido reuniones con pandilleros durante su campaña de 2014. A pesar de los audios y testimonios que lo vinculan, el proceso en su contra ha avanzado de forma fragmentada, sin una sentencia firme hasta la fecha. Quijano permanece fuera del país alegando persecución política.

Las políticas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” implementadas desde principios de los años 2000 son otro ejemplo de impunidad estructural. Aunque pretendían combatir frontalmente a las pandillas, resultaron en miles de detenciones arbitrarias, especialmente contra jóvenes en zonas marginadas. Los abusos cometidos durante esas campañas represivas no han sido juzgados, ni se ha establecido una reparación institucional para las víctimas.

En contraste, el juicio contra Muyshondt y Lara podría representar un punto de inflexión. Por primera vez en muchos años, figuras relevantes de distintos partidos políticos enfrentan un proceso judicial por pactar con estructuras del crimen organizado. La atención ahora recae en si el tribunal logrará aplicar justicia con imparcialidad y si este juicio sentará precedentes para abordar la responsabilidad penal de quienes han instrumentalizado a las pandillas como herramienta electoral.

Desde una perspectiva de derechos humanos, este caso también pone a prueba la voluntad del Estado salvadoreño para romper con un ciclo de impunidad política. Mientras en el pasado las negociaciones con grupos criminales se toleraban —o incluso eran políticas de Estado encubiertas—, el presente exige un compromiso real con la legalidad, la reparación y el respeto a la institucionalidad democrática.