Una banda integrada por cinco ciudadanos venezolanos fue desarticulada esta semana por la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago de Chile, tras ser acusada de secuestrar y extorsionar a turistas brasileños. El caso ha encendido nuevas alertas sobre la creciente expansión del crimen organizado transnacional en la región.

Los delincuentes actuaban en el concurrido barrio Bellavista. Utilizaban aplicaciones de transporte para contactar a las víctimas, a quienes posteriormente retenían dentro del vehículo, robaban pertenencias, forzaban transferencias bancarias y enviaban videos de amenazas a familiares para exigir rescates. Cada secuestro duraba entre tres y cinco horas.

El hecho no es aislado. Se suma a denuncias en otros países latinoamericanos donde estructuras delictivas con origen en Venezuela, algunas con nexos con el Tren de Aragua, han replicado esquemas similares de violencia y extorsión. Las autoridades han advertido sobre un fenómeno en expansión que afecta tanto a ciudadanos locales como a extranjeros.

En 2024, Chile reportó 868 casos de secuestro, la cifra más alta en una década. Casi el 40 % fue atribuido a redes criminales organizadas, muchas de ellas con vínculos internacionales. El caso chileno, además, se suma a un patrón observado en países como Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, donde se investiga la presencia de células operativas similares.

El impacto ha sido particularmente sensible en el ámbito turístico, afectando la percepción de seguridad entre visitantes de distintas nacionalidades. Las autoridades han recibido quejas formales de embajadas que exigen mayor protección y coordinación regional.

El crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno limitado a zonas fronterizas o cárceles. Su estructura transnacional, su capacidad de adaptación y su violencia desmedida demandan respuestas integradas entre gobiernos, cuerpos policiales y organismos internacionales. Lo ocurrido en Santiago no es un caso aislado, sino una expresión más de una amenaza que avanza a escala continental.