Buenos Aires, 11 ago (Agencias) — El gobierno del presidente argentino Javier Milei enfrenta graves acusaciones de espionaje ilegal contra dirigentes opositores, líderes sindicales, manifestantes jubilados y organizaciones de la sociedad civil, tras la filtración de un informe interno de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reinstaurada por el Ejecutivo en 2024.

El documento, titulado “Hechos previstos 09JUL25”, detalla un seguimiento sistemático de actividades públicas y privadas de figuras políticas como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Facundo Manes, además de reuniones sindicales, protestas de jubilados frente al Congreso y acciones de colectivos en defensa de personas con discapacidad.

Organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunciaron que estas prácticas violan la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la vigilancia basada en afiliación política, sindical o social.

En reacción, Facundo Manes presentó una denuncia penal calificando los hechos como “una amenaza directa a la democracia”. Las centrales sindicales CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma también denunciaron penalmente a Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, mientras el gobernador Axel Kicillof acudió a la justicia federal de La Plata para exigir una investigación urgente.

En el Congreso, sectores opositores exigen la interpelación inmediata de Neiffert y preparan iniciativas para revisar el marco legal que regula a los servicios de inteligencia. Analistas advierten que el caso revive temores sobre prácticas de vigilancia política que marcaron etapas conflictivas de la historia reciente argentina.

Hasta el momento, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones, mientras las denuncias judiciales avanzan y la presión política e internacional se intensifica.